Determinados sectores de la clase política han empezado a lanzar la idea de que el pueblo debe decidir sobre alguna cuestión que ellos consideran de vital importancia. Uno (o dos, en algunos ámbitos) son los cruciales asuntos sobre los que la población ha de decidir cuanto antes: si la forma de gobierno ha de ser monárquica o republicana, y si esa república serviría para todo el mundo o los catalanes, vascos, gallegos, andaluces, etc. pueden optar por su propio marco estatal. No se ha explicado, pero parce obvio, que para estos nuevos estados se descarta a priori el sistema monárquico.

Sobre el legítimo derecho de cada cual a decidir sobre cualquier tema, no hay nada que objetar. Pero lo que llama poderosamente la atención es que alguien, por muy representativo que se considere, haya decidido de antemano en sus cenáculos qué asunto es el que el resto tenemos que decidir. No dudo que haya mucha gente partidaria de la república (sin más concreción) o de la independencia formal de su pueblo, pero también entiendo que habrá otros ciudadanos partidarios del comunismo libertario, de la abolición del capitalismo, de la dictadura del proletariado o de que sigan mandando los bancos (hay gente para todo), y me temo que tales opciones no está previsto incluirlas en la papeleta de la votación que reclaman las gentes del derecho a decidir.

 

Salvando las distancias, estas campañas no dejan de parecerse a los habituales mantras de todos los candidatos en época electoral con la machacona letanía del sagrado deber democrático, la voz del pueblo y la libertad de cada elector para elegirlos a ellos. Una vez efectuado el recuento de votos, ya sabéis en qué quedan los programas de los partidos y el mismísimo derecho a decidir. La respuesta es tan demoledora, que mucha gente hasta se conformaría con que no nos robasen, puesto que mentirnos se da por sentado que lo seguirán haciendo.

Volviendo a la novedosa propuesta del derecho a decidir, que tan generosamente nos ofrecen por una vez en nuestras vidas, convendría ponernos todo el mundo a pensar en cuál sería la pregunta (o preguntas) a incluir en la papeleta de votación. Ningún problema en que se pueda elegir un sistema republicano o fraccionar el actual mapa político de la península ibérica. Pero dado que las posibilidades actuales de consulta que ofrecen los adelantos informáticos son casi infinitas, ¿por qué no dar también la oportunidad de que se ejerza el derecho a decidir sobre cambios realmente importantes? ¿Por qué no poder elegir entre capitalismo y autogestión? ¿Por qué no entre Estado y federación de comunas libres? ¿O entre mercado de trueque y grandes superficies? ¿No es el momento de optar entre crecimiento y ecología? ¿Elegimos ya entre reparto del trabajo y explotación laboral? o ¿entre parlamento y asambleas?

Se nos dirá que los temas anteriores son asuntos de gran calado, cuya consideración se iría viendo a medida que se implantan las nuevas instituciones. Vale, pues decidamos entonces sobre el modelo sanitario, sobre la escuela de nuestros hijos, sobre el sistema energético y de transporte, sobre las pensiones de los mayores, sobre las semillas transgénicas y la soberanía alimentaria, sobre el control de la banca y las multinacionales, etc. Técnicamente es posible; incluso ya se vienen haciendo  consultas múltiples en países como Suiza y otros.

Me temo que no está en la mente de la mayoría de los impulsores de este repentino y limitado derecho a decidir la posibilidad de que se decida sobre cambios profundos en el sistema político que nos ha traído hasta aquí. Lo que nos ofrecen es una república, sin más detalles. ¿Se parecería a Alemania, a EE.UU., a Corea del Norte, a Egipto, a Venezuela o a Haití?  Todas ellas repúblicas; como lo son el 90% de los estados actuales. Para los que no son de Madrid, la segunda parte de la oferta tampoco es más sugerente, pasado el emotivo momento de izar nuevas banderas, formar nuevos ejércitos, crear nuevos puestos fronterizos y adiestrar bisoñas fuerzas antidisturbios. El viaje a un naciente Estado, tan injusto como el que abandonamos, no merece llevar llenas de esperanza las alforjas.

Que el sistema se oponga inicialmente a estas consultas no es síntoma de que el cambio propuesto represente una gran mejora en libertades y derechos. Simplemente se debe a la natural inercia de los que mandan ante cualquier posibilidad de cambio, por pequeña que sea. Pero cuando el núcleo duro del capitalismo se pone a hacer números, entonces no le importa lo más mínimo efectuar negocios con monarquías, repúblicas o dictaduras. Tampoco le inquieta mayormente que las Naciones Unidas vayan ampliándose con nuevos miembros, siempre que el poder de verdad siga estando en Wall Street, claro.

Antonio Pérez Collado

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